Translated by Wendy Vallejos.
Los inmigrantes podrán sentirse más seguros bajo un nuevo código de condado. Pero puede ser que este código sobrepase el poder que tiene el gobierno local.
El martes, 15 de agosto, el Consejo del Condado de San Juan aprobó unánimemente una ordenanza para prevenir la colección de estados migratorios. Sin esta información, los empleados del condado no podrán compartir con agencias federales para la deportación de inmigrantes indocumentados.
“Esto puede, o no, ser una iniciativa perfecta, típicamente eso es para lo que son los tribunales, para últimamente resolver”, dijo el concejal Bill Watson. “Lo que es realmente importante es que nuestros residentes sientan que tienen protección igual.”
Si la ordenanza no hubiera sido adoptada por el consejo, una propuesta de la iniciativa habría estado en la boleta de elecciones generales este otoño.
Ese día, la audiencia pública llevó a unos 20 residentes que hablaron en apoyo de la adopción de la ordenanza, y dos residentes en contra.
La principal opinión desfavorable en la junta provino del Fiscal del Condado de San Juan, Randall Gaylord. Dijo que se oponía a la ordenanza porque algunas secciones violan las leyes locales, estatales y federales y prohíben el trabajo diario de los empleados del condado.
Estas violaciones pueden llevar a juicios contra el condado, agregó.
Eleanor Hoague de Orcas, quien escribió la iniciativa, es una abogada jubilada con 40 años de experiencia en defensa de la inmigración.
Aunque el consejo no le permitió hacer una presentación de la misma manera en que Gaylord hizo en junta, más tarde dijo al Diario que usó una guía de inmigración, sobre inmigración por el Procurador General de Washington para escribir la iniciativa.
Según un comunicado de prensa del Procurador General de Washington, la guía fue creada para “ayudar a las entidades gubernamentales locales … a responder a las solicitudes federales de asistencia con la aplicación de la ley de inmigración”.
Una sección Gaylord se opuso a impedir que el personal del condado divulgue información a cualquier agencia gubernamental local, estatal o federal a menos que incluya una orden judicial. Esto, dijo, viola el Título 8 del Código de Estados Unidos, que establece que la liberación de estados de inmigración a agencias gubernamentales, no puede ser restringidas.
Sin embargo, la guía indica que el Título 8 no requiere que las agencias recopilen información sobre la ciudadanía.
Algunas apelaciones de información no serían firmadas por los jueces, dijo Gaylord, al igual que las solicitudes de registros públicos.
Gaylord dijo que ayudar a otras agencias policiales mantiene comunidades seguras. Hoague dijo que causa la deportación.
“Me rompería el corazón si un padre, una madre fuese acusado de abandono de niños, y antes de ser condenado, fueran entregados a ICE, [Inmigración y Aduanas de EE.UU.] y seria deportado, rompiendo una familia”, dijo.
Otra sección Gaylord se opuso, previene que el personal del condado de recaudar, no sólo la información sobre el origen nacional y el estatus migratorio, pero la raza, el género, la orientación sexual, la religión, la etnia, incluso si se da voluntariamente.
Esto, dijo Gaylord, viola una ley estatal que requiere que los superintendentes de las instituciones penitenciarias pregunten sobre la nacionalidad y el estado migratorio de los reclusos.
Hoague dijo que no hay conflicto con la ley estatal porque la información se recogería después de que el ciudadano fuese declarado culpable de un delito, mientras que la iniciativa está evitando la recolección de información antes de una decisión judicial.
Esa sección también impide que muchos departamentos del condado de recolección de datos, dijo Gaylord, incluida la recaudación de la oficina del sheriff de información de sospechosos, víctimas y testigos, que podría detener investigaciones de crimen o incriminar sospechosos incorrectos.
El concejal Rick Hughes preguntó si esta limitación en la recolección de datos impediría la terminación de las solicitudes de empleo del condado o las formas de beneficios de salud de los empleados. Gaylord dijo que sí, ya que no hay exenciones en esa sección. Hoague dijo que el encabezamiento de esta sección de la iniciativa especifica que sólo se aplica a la inmigración, no personal u otros documentos de aplicación de la ley.
Rhea Miller de López, que cumplió 10 años en el Consejo del Condado de San Juan, dijo que tomar decisiones del consejo no siempre es fácil, especialmente con las cuestiones mencionadas por Gaylord, pero los concejales tienen el apoyo de la comunidad.
“Saben que en sus corazones esto es lo correcto”, dijo.
Berto Gandara, sacerdote de la Parroquia Emmanuel Episcopal de la isla Orcas, dijo que conoce a inmigrantes que están aprensivos de las fuerzas de seguridad, porque temen ser deportados. Dijo que la ordenanza podría inculcar confianza, y al pasarla, evitaría una temporada de elecciones hostiles.
El personal del condado ya cumple con algunas secciones de la iniciativa, dijo Gaylord, aunque los procesos no están escritos en el código del condado. Estos procesos incluyen una sección de la ordenanza que impide el interrogatorio o la detención de ciudadanos basados en el estado migratorio o la raza.
“Hacemos muchas cosas para ayudar a los inmigrantes, sea que ya vivan aquí en la comunidad sin peligro, sean víctimas de crímenes, o incluso acusados de ofensas”, les dijo Gaylord al consejo sobre esta póliza. “Los tratamos en un manera justa, consistente con otros.”
Hughes tuvo algunos problemas con la iniciativa, aunque finalmente lo apoyó. Él cuestionó la sección que dice que los empleados del condado y los funcionarios electos deben recibir la aprobación del votante, antes de entrar en un acuerdo con el Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos y sus divisiones de ICE y Aduanas y Protección Fronteriza.
Esto, dijo Gaylord, contradice el estatuto del condado, que otorga al consejo de condado la autoridad para tomar esas decisiones. Hoague dijo que las ordenanzas, como ésta, pueden limitar la estatuto.
Una sección de la iniciativa también prohíbe a los representantes de Homeland Security cuestionar a los ciudadanos en la cárcel del condado de San Juan. Incluso, prohíbe el desbordamiento de instalaciones, como en el Condado Isla, donde los reclusos son a menudo trasladados debido a la falta de espacio local.
Durante la discusión, Hughes dijo que no quería enviar a los presos a instalaciones más caras para cumplir con las normas de la ordenanza. Hoague dijo que pedir estas normas no es irrazonable.
Gaylord mencionó que la financiación federal también estaba en riesgo. Explicó que las subvenciones, que en parte financian los juicios del personal del condado y las investigaciones sobre delitos de drogas, probablemente serían revocadas si la ordenanza pasara, ya que ya estaba advertido del riesgo.
El concejal Jamie Stephens señaló que la financiación federal del condado probablemente sería despojada, incluso, si la ordenanza no fuese adoptada. El condado de San Juan ya ha sido incluido en los informes de ICE de jurisdicciones santuario, basado en políticas de inmigración de personal, antes de la adopción de la ordenanza. Las listas fueron creadas para los municipios no conformes a prohibir la financiación federal, dijo Stephens.
Una jurisdicción santuario no coopera con esfuerzos federales para deportar inmigrantes indocumentados. Los informes de jurisdicción santuario fueron creados después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva, el invierno pasado, para prohibir el financiamiento federal de estas áreas.
La mayoría de la orden ejecutiva fue bloqueada por los tribunales la primavera pasada, dijo Hoague. Ella espera ver un fallo adicional sobre la inconstitucionalidad de las limitaciones de la subvención mencionada por Gaylord, también.
Gaylord dijo que los municipios típicamente no hacen declaraciones formales como jurisdicciones santuario, pero las políticas del condado antes y después de la adopción de la iniciativa definen al condado como uno a la actual administración federal.
De acuerdo con el código del Condado de San Juan, la ordenanza no puede ser cambiada por dos años, a menos que una iniciativa diferente, creada por un ciudadano, la enmiende o la derogue. Esto no podría hacerse hasta las elecciones generales del próximo año.
El consejo adoptó la ordenanza, al final de la audiencia de aproximadamente dos horas, seguida de una sala llena de aplausos.
“Realmente creo que no estamos tratando de arruinar el imperio de la ley, sino que estamos tratando de conseguir que nuestras fuerzas de seguridad locales hagan su trabajo y que las autoridades federales cumplan con su trabajo”, dijo Stephens.
Para ver la reunión y ver la iniciativa, visite www.sanjuanco.com/1077/County-Council y seleccione la reunión del 15 de agosto.
